El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como declaración de Bolonia, cambiará radicalmente el concepto de universidad tal y como lo conocemos hoy en día. Para hacerlo realidad se han promulgado una oleada de reformas (nuevos reales decretos, modificaciones de otros, nuevas leyes orgánicas de educación y de universidades, sus posteriores reformas) para adaptar el modelo educativo español al modelo propuesto por la Unión Europea.

Este cambio responde a realidades meramente económicas. Hoy en día hay muchas personas con estudios universitarios (el 26% de los jóvenes entre 25 y 35 años), además, un diplomado o licenciado en el mercado laboral "vale" mucho menos que antes, están cobrando no más de 1000 euros mensuales, sin embargo el costo de formación sigue siendo el mismo. Esto no cuaja con la lógica del mercado, de ahí la necesidad de dar menos formación por más dinero y reducir el número de personas que accedan a dichos estudios.

En teoría, las diplomaturas y licenciaturas serán unificadas en los grados (reducción de la duración anual de algunas carreras y, por tanto, disminuyendo la calidad y aumentando la dificultad de las mismas) y la formación posterior pasará a denominarse postgrados y masters. La realidad es diferente, si se analiza el Real Decreto 55/2005 de Grados y el 56/2006 de Postgrados, que el grado es una simple fábrica barata de mano de obra precaria, vacíos de contenidos formativo y en el que se potencia el aprendizaje sin enseñanza, mientras que el postgrado será muy similar a las actuales diplomaturas y licenciaturas. Otras diferencias estriban en el precio, pues la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades obliga a que los precios de los Grados y Postgrados "estarán relacionados con los costos de la prestación del servicio", lo que deja claro que se reducirá drásticamente la inversión pública y se permitirá (de hecho ya se hace) la financiación privada.

Por otra parte, se introduce el European Credit Tranfer System (ECTS) o crédito europeo. Se establece que "cada año académico constará de 60 ECTS". Actualmente las carreras universitarias tienen una media de 64 créditos, la diferencia se encuentra en la equivalencia de créditos, pues un crédito europeo "equivale a un mínimo de 25 horas y un máximo de 30 horas", varias de ellas de asistencia obligatoria. Es decir, que cada año académico a partir de 2010 tendrá una carga horaria que prácticamente triplicará la actual. Este sistema de créditos europeo "se entenderá referido a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas "(Art. 4 RD 1125/2003). Haciendo cálculos, la "jornada de estudio" equivaldrá a unas 40 horas semanales. Lo cual hará imposible compaginar los estudios con el ocio, la conciliación de la vida personal o el trabajo. DE esta manera, junto a la disminución de becas (se han reducido a la mitad desde 1992 hasta hoy) y la potenciación de los préstamos – renta, se buscará la elitización de las universidades, filtrando mediante la renta a las personas que no podrán acceder a los estudios.

Las consecuencias se están convirtiendo en una realidad. Poco a poco las empresas privadas se han ido introduciendo en las Universidades: Audi financia doctorados en Alemania, Endesa o Telefónica ofrecen Cátedras en la Politécnica de Catalunya, incluso la OMC imparte una Cátedra en al facultas de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Repsol en la Politécnica de Valencia, las salas de informática de nuestras universidades están financiadas por diferentes entidades financieras, los carnés de estudiante pueden funcionar como tarjeta de crédito de entidades bancarias, etc.

Ante esta situación, en Izquierda Unida nos posicionamos en contra del EEES y recordamos que la educación es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y como tal lo reconoce la Constitución Española de 1978. Por lo tanto, entendemos que las empresas no tienen nada que decir acerca de las universidades, no son interlocutores válidos, la educación debe ser una prestación pública al servicio del bien común y nunca supeditado a los intereses privados.

La enseñanza debe estar orientada a formar profesionales, que dispongan de los conocimientos necesarios para que con ellos puedan ir mejorando y adaptándose a las frecuentes innovaciones tecnológicas.

Puesto que entendemos la educación como un bien común de toda la sociedad, los estudios universitarios deberían ir tendiendo a la gratuidad. Si hubiese voluntad política, la gratuidad de la Universidad sería una realidad desde hace años.

Pero, sobre todo, entendemos que una reforma educativa tan importante y que pretende ser vendida como "poner la Universidad al servicio de la sociedad" debe fomentar la participación de la sociedad, en especial del estudiante y del profesor.

Por ello, en Izquierda Unida apoyamos las movilizaciones contra el EEES como parte de la lucha por una educación pública, de calidad y unas políticas de financiación encaminadas a lograr la gratuidad real de la educación a todos los niveles.