En los últimos tiempos los casos de corrupción que recorren nuestra geografía no han cesado. “Astaza”, “Gürtel”, “Pretoria”… son algunos de los nombres de las operaciones policiales que han inundado los telediarios. Madrid, País Valenciano, Murcia, Canarias, Baleares o Cataluña son algunas de las Comunidades autónomas donde se han destapado últimamente casos de corrupción que han acabado por implicar a militantes y exmilitantes de partidos como el PP, PSOE o CIU entre otros. Sin olvidar que la anterior legislatura ya estuvo repleta de casos de corrupción, dando lugar a múltiples procedimientos judiciales.

O el caso de Baleares, en el que, lamentablemente, la participación de Unió Mallorquina, antiguo socio del PP, en el actual gobierno balear, supone que uno de sus consellers esté acusado por la fiscalía y el juez de instrucción de diversos delitos. De forma que coherentemente con el código ético de IU federal, el Consejo Político de EU de Illes Balears haya declarado incompatible su presencia en el gobierno con la de dicho consejero, creando una situación política arriesgada pero coherente con nuestro modelo de tolerancia cero con la corrupción, que finalmente se ha resuelto de forma razonablemente satisfactoria.

Pero inconcebiblemente mientras muchos presuntos implicados campan libremente a sus anchas y se retrasan declaraciones y juicios de éstos, personas honradas como Manuel Fuentes y los concejales de IU en Seseña ven cómo el poder y los contactos de un constructor y el peso de la “justicia” cae sobre ellos con una condena por calumnia ante la denuncia presentada por Francisco Hernando “El Pocero” por un artículo titulado “El mago del ladrillo”, sin comentarios. De nuevo, en los últimos días hemos conocido que una juez ha impuesto una fianza de 10.000 euros a Manuel Fuentes por un imposible delito de calumnias, con el requerimiento de hacerla efectiva en el plazo de 1 día –bajo amenaza de embargo de todos sus bienes- y por una acusación de esta naturaleza nos preocupa y nos hace dudar, creo que legítimamente, de si nos encontramos solamente ante medidas judiciales.

La decisión judicial ha sido inmediatamente recurrida pero, sin duda, ha tenido un importante reflejo en la opinión pública que comienza a pensar que luchar contra la corrupción puede ser penalizado, mientras que para ciertos personajes y ciertos partidos se alargan los trámites judiciales hasta llegar a la prescripción, como ocurre en el caso del eurodiputado del PP, sr. Galeote o, según refleja la prensa al hilo de la noticia de la fianza que comentamos, la lentitud del procedimiento judicial en el caso de Seseña cuando se trata del anterior alcalde, del PSOE.

Para IU es necesario un gran pacto de Estado entre los distintos partidos políticos y a todos los niveles, estatal, autonómico y municipal para luchar contra la corrupción que es un cáncer para el desarrollo democrático. Los políticos aparecen como el tercer problema en España en las últimas encuestas de CIS, tras el paro y la crisis económica. En este sentido hemos presentado una iniciativa parlamentaria con 48 medidas para fundamentar este pacto. Acompañadas de la declaración pública del Fiscal General del Estado, en la que cuantificaba en cerca de 800 los casos en que la fiscalía anticorrupción investigaba a cargos públicos, apareciendo IU con 20, y de los que el Fiscal General se ha negado a facilitar detalles a IU y al Grupo Parlamentario.