Tras dos años del inicio de la crisis económica en España, los datos macroeconómicos que trasladan los organismos internacionales nos dicen que nuestro país saldrá mas tarde de la crisis que otros países de nuestro entorno y que la destrucción de empleo que estamos sufriendo todavía tardará en parar. Una vez más, serán los trabajadores y trabajadoras los que paguen las consecuencias tanto de la crisis financiera internacional que nos han generado, como de este modelo productivo instaurado en este país que ya muchos intuíamos y denunciábamos que era totalmente insostenible.

Ante esta situación, la izquierda política debe plantear en las instituciones la defensa de una propuesta fiscal y presupuestaria basada en la expansión del gasto social, el incremento de la inversión pública, en contra de la política presupuestaria restrictiva defendida en alguna administración pública como el Gobierno regional.

Y es que tres son los elementos que caracterizan la salida conservadora a la crisis. Por un lado, asociar la salida de la crisis a la recuperación de la tasa de rentabilidad empresarial y no a la creación de empleo. Por otro, restituir esos niveles de rentabilidad a través de la reconfiguración de las relaciones entre capital y trabajo, presionando sobre el salario por medio de una política de ajuste, y abandonando todo esfuerzo en inversión productiva y gasto público. Por último, la profundización en un modelo productivo basado en la intensificación del trabajo, la ocupación del territorio y el derroche en el uso del agua y la energía.

La defensa del Gobierno regional de una salida conservadora a la crisis se plasma en el anuncio de un Plan de ajuste, que va a suponer la reducción del gasto social y de la inversión en los próximos Presupuestos generales, condenando a la mayoría social trabajadora al endeudamiento familiar; la moderación salarial; la precariedad laboral de la juventud, la mujer y el trabajador inmigrante; y la crisis de la pequeña y mediana empresa. Plan de ajuste que sitúa a Madrid ante el riesgo de una fractura social cuya consecuencia será que los trabajadores y las trabajadoras sigan pagando una crisis que no han generado.

Ante el anuncio de los presupuestos más restrictivos y más antisociales del Gobierno regional y una realidad social marcada por el aumento del paro y la profundización de las políticas privatizadoras de los servicios públicos en nuestra Comunidad, Izquierda Unida va a hacer un llamamiento a los movimientos sociales a defender una Alternativa social a la crisis, que tenga como eje el objetivo del pleno empleo, la defensa de los servicios públicos, la sostenibilidad y la extensión del Estado social madrileño.

Una Alternativa social a la crisis articulada en seis ejes centrales:

1.  Pleno empleo y aumento de la protección social.
2. Defensa del Estado social madrileño y de los servicios públicos.
3. Apoyo a las familias asalariadas y desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia.
4. Garantía del derecho a la vivienda.
5. La apuesta por un modelo productivo, social y medio-ambientalmente sostenible.
6. Reforma fiscal bajo los criterios de progresividad y suficiencia, y financiación local.