En los últimos días hemos visto como proliferaban las noticias de los constantes abusos que las sociedades de gestión de cobros de los derechos de autor, en concreto la SGAE, están cometiendo. Por ello, y sin negar la necesidad de proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual en su conjunto, huelga decir que se hace necesaria una solución eficaz para solventar la problemática que entraña la gestión de estos derechos, sobre todo, en lo concerniente a las Entidades Locales y que ni los gobiernos socialistas actuales ni los populares anteriores han regulado óptimamente.

Un dato importantísimo a tener en cuenta a la hora de hablar de este aspecto es que la gestión y el cobro de los derechos de autor se realizan mediante empresas de carácter privado cuya regulación es demasiado laxa. Desde Izquierda Unida creemos que una gestión eficaz de los derechos de autor que evitaría situaciones como las que saltan a los medios en estas semanas pasaría por una gestión pública de los derechos de autor y propiedad intelectual.

En otro sentido, en lo que respecta a los Ayuntamientos, actualmente, las Corporaciones Locales se han convertido en los mayores promotores de espectáculos en vivo de nuestro país, financiando como media el 55 por ciento del gasto público en Cultura, contratando alrededor del 42 por ciento del empleo en este sector y todo ello sin ningún carácter lucrativo.

Los Ayuntamientos están pagando un canon por la prestación de un servicio público, que supone un esfuerzo extra para ellos, sobre todo en la actual situación de crisis económica.

Por tanto, parece imperiosa la necesidad de que los municipios adoptemos una postura combativa y conjunta contra las sociedades o entidades privadas que gestionan los derechos de autor. No se puede seguir manteniendo una situación en la que son los Ayuntamientos sobre quienes recae la mayor obligación de pagos por derechos de autor en servicios que se prestan al ciudadano como públicos.

Dicha situación, lejos de solventarse, se va a ver aún más agravada con la propuesta de imponer un canon por derechos de autor también en los libros que se prestan en las bibliotecas municipales. Esta problemática no se limita sólo al hecho de tener que pagar por la prestación de un servicio público por parte de la Administración que presta dicho servicio, algo que, en sí mismo ya parece un contrasentido, sino que, además se desconoce para qué se destina ese impuesto, máxime cuando los Ayuntamientos, en la actual situación de crisis económica, están procurando mantener en las tasas y cobro de servicios a unos precios asequibles para el ciudadano.

Por ello, parece lógica una revisión de la actual Ley de Propiedad Intelectual y la normativa que regula las Entidades de Gestión de los Derechos de Autor para, de no ser posible una gestión pública, al menos lograr limitar el campo de actuación de éstas y evitar que sean ellas quienes, en última instancia, decidan los procedimientos y casuística del cobro de los derechos de autor. Dicha normativa debe ser quien establezca los casos y los procedimientos de la gestión de los derechos de autor evitando con ello las abusivas y descontroladas situaciones que se han venido dando hasta ahora.