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Con el lema “Más Fuertes, Más Útiles” el pasado fin de semana se celebró la VIII Asamblea Regional de IU-CM en un claro ambiente de unidad y de renovación. La elección del nuevo Consejo Político Regional fue realizada en una lista unitaria apoyada por el 93 % de votos de los Delegados/as y encabezada por Gregorio Gordo que fue designado candidato a Coordinador General, propuesta que será ratificada en la primera reunión de dicho órgano.

Durante todos los debates hubo unanimidad en la necesidad de presentar un consenso para conseguir una mayor fuerza ante la ciudadanía, de ahí el lema del cónclave, y también en la apuesta por la integración de la pluralidad que representan todas las sensibilidades de IU.

La Asamblea comenzó con el debate del Balance Gestión de la Dirección saliente, que fue aprobado por el 58 % de los delegados. El acuerdo que se escenificó con la presentación de una sola lista integradora, representa el ánimo de superación de antiguos escenarios de confrontación interna como lo demuestra que, tras el debate, tanto el documento político-organizativo, donde se expone la línea estratégica de la organización para esta nueva etapa, como la propuesta de Estatutos, fueron aprobadas prácticamente por unanimidad.

La Asamblea Regional aprobó igualmente una Declaración Política que resalta la necesidad de "refundación" del partido para acercarse a los ciudadanos y una apuesta clara por la movilización y el sector público frente a la entrada de capital privado en servicios como la sanidad o la educación. La declaración expone que en los últimos meses "la situación económica ha cambiado drásticamente" con la crisis económica, que se ha notado de manera "más severa" en España y en la Comunidad de Madrid por los "regalos fiscales" impulsados por el Ejecutivo y que han conllevado la supresión y rebaja de Impuestos como el de Patrimonio o Sociedades. Asimismo, criticó la "crisis ética, moral y política que atraviesa la derecha madrileña" y apostaron por llevar a cabo un plan de medidas sociales y coordinadas para salir de la crisis.

IU pone así la prioridad en recuperar posiciones en las instituciones tanto en la región como en la Unión Europea. "A partir de hoy el objetivo son las próximas elecciones". Así se apuesta por una "alternativa real de izquierdas al derechismo de la Comunidad de Madrid" para lograr una región en la que reine la "cohesión, igualdad" y en la que se dé un "fortalecimiento del sector público" en contra de "utilizar el dinero público para enriquecerse".

La composición del Consejo Político Regional, que tendrá que completarse con los representantes de las Asambleas Locales, tiene un fuerte carácter de renovación incorporando jóvenes representativos de todas las sensibilidades políticas de IU-CM, que en el debate pre-congresual realizado en todas las Asambleas locales han trabajado por entrar en un nuevo ciclo de trabajo unitario y colectivo.

Ante los últimos artículos publicados en los boletines municipales por los diferentes sindicatos de clase, donde se nos acusa de privatizadores, alegando que nuestras propuestas son incoherentes “como para abochornarnos”, que realizamos doble discurso dependiendo del ámbito donde nos movemos y que en Leganés no podremos hacer lo que criticamos a la Comunidad de Madrid. Queremos decir, Izquierda Unida de Leganés defenderá lo público siempre.

En lo que respecta a las escuelas infantiles, Izquierda Unida de Leganés, tratará de construir todas las escuelas infantiles necesarias, con las que podamos dar una solución al grave problema que en Leganés sufren las familias al no poder encontrar plazas para sus hijas e hijos.

Izquierda Unida como formación política está obligada a buscar soluciones y dar respuesta a la demanda de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y no podemos dar la espalda a las necesidades de miles de familias trabajadoras que año tras año se ven sin plaza en las escuelas infantiles. Flaco favor realizaríamos a los vecinos y vecinas de Leganés, si, como nos han propuesto los propios sindicatos de clase CCOO y UGT, aplicásemos una “mejor solución” que pasaría por la no construcción de las escuelas.

Con este tipo de argumento creemos, que la consecuencia sería dar libertad absoluta a la Comunidad de Madrid para fomentar y facilitar la creación de distintos tipos de guarderías, que no de escuelas infantiles, a empresas privadas cuyo único motivo es el negocio y la rentabilidad. Desde aquí, decimos que no fomentaremos guarderías piratas, no colaboraremos en promover instalaciones que se venden como educativas sin reunir las condiciones mínimas para la educación de nuestras hijas e hijos, pues, en ellas, ni se tiene en cuenta el proyecto educativo ni, mucho menos, la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras. En definitiva, como abanderados de la educación pública que siempre ha sido Izquierda Unida de Leganés, no vamos a consentir que se pongan en marcha actuaciones que, sin duda, suponen un gran perjuicio a la educación infantil que tanto esfuerzo ha costado conseguir.

Izquierda Unida de Leganés no dará la espalda a los vecinos y vecinas, buscará la solución adecuada para dar respuesta a las necesidades de las familias ante la dejadez y la pasividad de la Comunidad de Madrid quien no asume sus competencias en materia educativa. No formaremos parte de la estrategia de desmantelamiento y desprestigio de la educación pública que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, a través de su Consejera de Educación, Lucía Figar, están realizando, dejando el problema para que sean los ayuntamientos los que asuman las responsabilidades, competencias y gastos, en una competencia como la Educativa que, por Ley les corresponde.

Las escuelas infantiles de Leganés de gestión indirecta, algunas con más de 20 años, cumplen con todos los requisitos necesarios para una educación de calidad. Gracias a la labor de la Concejalía de Educación, disponen de un proyecto educativo y no hay ninguna diferencia en materia educativa, trato con los alumnos, padres, etc., cuentan con un personal profesional y cualificado para la buena educación de nuestras hijas e hijos. La única diferencia es que el vínculo del personal con el Ayuntamiento sea o no funcionarial, y nosotros entendemos que este hecho, tal y como se está realizando esa gestión, no varía ni afecta a la calidad de las escuelas infantiles.

Izquierda Unida Leganés seguirá luchando por la Educación Pública, continuaremos apoyando todas las movilizaciones que se convoquen para reclamar y demandar a la Comunidad de Madrid que no siga desmantelando la Educación Publica con medidas como los decretos de mínimos en la educación infantil, el favorecimiento de los centros concertados, los centros donde se permite la segregación de sexo, la discriminación por religión, la discriminación racial y, todo ello realizado con fondos públicos.

En Izquierda Unida siempre hemos luchado por conseguir una legislación que garantizase los derechos de las mujeres a decidir libremente y así, poder terminar, de una vez, con la incertidumbre y la inseguridad jurídica actual tanto para profesionales sanitarios como, sobre todo, para las mujeres. Todo ello, en el marco del necesario reconocimiento del derecho pleno a la salud sexual por parte de la Sanidad Pública. La despenalización del aborto ha sido una constante en nuestros programas electorales y una necesidad que ya se le planteo al gobierno socialista en la pasada legislatura y que éste optó por desoir.

Actualmente, el aborto sigue contemplándose en la legislación vigente como un delito, ya que según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el Código Penal en vigor contempla el aborto como una figura delictiva, salvo en tres supuestos concretos:

1. Evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, sin determinar plazos.

2. Si el embarazo es consecuencia de un hecho constitutivo de un delito de violación, previamente denunciado, antes de las 8 semanas.

3. Presunción de graves taras físicas o psíquicas en el feto, antes de las 22 semanas.

Además, en su momento se optó por autorizar su práctica en la red privada, en lugar de por garantizar la práctica de las IVE en la red pública.

Por su parte, el Consejo de Europa en el año 2004 y Comité de Igualdad del propio Consejo en el 2008 establecen que: “el aborto es un derecho; la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo debe ser respetada y los Gobiernos tienen que garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica accesible y segura”.

La única titular de derechos fundamentales es la mujer ya que el nasciturus, no es, sino un bien jurídico protegido, en palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 que en un F. J. 3º permiten una ley de plazos con carácter previo a la viabilidad del feto y en el F. J. 12º recomienda legislar en la línea de los países de nuestro entorno.

Este derecho sexual y reproductivo básico fue reconocido por más de 160 países, entre ellos España, en el marco de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo, 1994. Asimismo, otras conferencias internacionales posteriores: Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995), Cumbre del Milenio (2000) y Cumbre Mundial (2005), no han hecho sino consolidar este principio básico y fundamental.

Por todo ello, las mujeres y hombres de Izquierda Unida defendemos la redacción de una ley de plazos, de corte progresista, que permita a la mujer, libre de tutelas, decidir sobre si interrumpe o no su gestación. Decidir, en suma, sobre el derecho básico y fundamental a tener o no tener hij@s, cuántos y cuándo tenerlos.

Consideramos que, la nueva ley debe contemplar todas las situaciones posibles, no dejando vacío legal y protegiendo efectivamente a quiénes necesiten hacer uso de ella. Debe garantizase la existencia de centros públicos donde se atienda la demanda de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Y, por ende, debe regularse la objeción de conciencia (OC) mediante un documento firmado por cada objetor que recoja de forma precisa la práctica sanitaria a la que afecta.

Esta Ley debe incorporar todas las medidas necesarias para su efectividad real, tales como:

- Establecer protocolos sencillos que garanticen la agilidad de los trámites que tiene que realizar una mujer para solicitar la atención en la red sanitaria pública.

- Garantizar el respaldo y apoyo institucional a las y los profesionales que practican IVE.

- Incluir la IVE del embarazo en los estudios de la carrera de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, por tratarse de una práctica sanitaria sujeta a derecho en el marco de la formación en salud sexual.

- Diseñar políticas públicas en materia de prevención acordes con las necesidades de los distintos grupos de mujeres que interrumpen su embarazo, con protocolos específicos para los colectivos más vulnerables.

- Incorporar la educación afectivo-sexual integral respetuosa con la diversidad sexual en el currículo escolar.

- Garantizar la información y acceso a métodos anticonceptivos fiables y seguros requiere que se incorporen los métodos anticonceptivos de última generación en el Sistema Nacional de Salud. Asegurando así que esta prestación sea universal y accesible para todas las mujeres.

- Facilitar de forma gratuita la píldora postcoital en todos los centros sanitarios públicos dado su carácter de emergencia.

- Garantizar que se preste atención de calidad en salud sexual y reproductiva en los centros de atención primaria y en los centros de planificación familiar.

- Asegurar los recursos y coordinación necesarios de los distintos servicios, así como el reciclaje de las y los profesionales para que ofrezcan información actualizada.

- Campañas informativas sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como de los servicios existentes, dirigidos a jóvenes e inmigrantes y el conjunto de mujeres y hombres.

- Impulsar la investigación de las necesidades que en materia de anticoncepción, aborto provocado y salud reproductiva afrontan mujeres y hombres.

- Trabajar para la dignificación de esta prestación sanitaria y social, así como, de las y los profesionales que con su esfuerzo consiguen que sea una prestación sanitaria, humana y de calidad.

Podría parecer que este titular es extraño atendiendo a que hablamos de un sindicato de “clase”, UGT, o que lo que escribimos emite un cierto halo de victimismo, pero no es así si echamos mano del trato que IU ha recibido por parte del panfleto informativo de la sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento, desde que se inicio la actual legislatura e IU pasa a dirigir las áreas de Urbanismo e Industrias, Educación, Infancia y Festejos y Cultura.
Sabemos que no gustó nada a algunos de estos sindicalistas cuando IU no apoyó al actual alcalde y hubo que recurrir a la moción de censura, incluso hemos oído hablar del miedo que algunos insignes sindicalistas vivieron en los días del Gobierno PP o del entreguismo, cuando no peloteo, a los concejales populares. Y ESO NO NOS LO VAN A PERDONAR.

Por ello, desde aquel momento se inicia una estrategia de acoso y derribo a los tres concejales, intentando airear problemas, en muchos casos inventados, otras tergiversados, de las Delegaciones que dirige IU.

Así, en la de Industrias se acusa a Raúl Calle, nuestro coordinador de hacer una purga de trabajadores del área, cuando no se habían preocupado por saber el motivo por el que antes de llegar él varios auxiliares administrativos, habían solicitado el traslado por las peleas internas de los propios funcionarios, o dan pábulo a algunos trabajadores, no interviniendo como sindicato mayoritario, cuando se hacen acusaciones tan graves de acoso entre ellos. Sin embargo el recurso es fácil: culpar al Concejal de IU por todo ello, máxime si los que se marchan son de la cuerda de UGT y han perdido el poder que durante tantos años ejercieron en ésta área. Por suerte y a pesar de haber menos personal la Delegación de Industrias sigue funcionando y sin las tiranteces de antaño.

En la Delegación de Cultura la presión ejercida es de psicoanálisis y así en su panfleto tildan un departamento, la Escuela de Música, de la Casa de los Horrores. Culpan al actual Concejal de las malas instalaciones de la escuela, incluidas las famosas hueveras, cuando la actual escuela en el estado actual ha sido el habitat natural de profesores y alumnos desde hace más de 20 años, pero antes no era criticable, el concejal era de su cuerda. Además, el hecho de que alguna profesora, del sindicato, esté en la misma estrategia, se permite el lujo de querer enmendar todas las actuaciones de la Dirección, en un afán de desprestigiarlo, no sabemos con qué intenciones aunque las intuimos, o intentando soliviantar a los profesores de la Asociación Pau Casals para que la oposición sea más dura. La pregunta es ¿Qué ha cambiado de la legislatura anterior a ésta para lo que era una balsa de aceite se convirtiera en menos de un año en un polvorín y haya requerido entrevistas de UGT con el concejal en un intento de reorganizar el trabajo? La respuesta parece obvia. No será que los problemas son personales más que laborales y algunos quieren auparse, aprovechando la posición de privilegio sindical que tienen, a puestos para los que no tienen preparación, formación ni ética y que rayan más los egos que la realidad.

Y llegamos al último peldaño, la Concejalía de Educación, también dirigida por IU. La crítica es ahora de ser más privatizadores y hacer una política más liberal que Esperanza Aguirre.¡¡ Toma ya, manda huevos!! Resulta que Alarico Rubio es peor que la ESPE en educación. ¿Se os ve el plumero o vuestras herencias psuvistas no las habéis perdido aún? De nuevo chocamos con problemas personales de trabajadores de escuelas infantiles de la cuerda que tienen el cometido de criticar, enmierdar, porque la situación de las escuelas infantiles en Leganés no las han inventado los de IU, las escuelas municipales están ahí y las gestionadas por cooperativas también, por cierto con acuerdos puntuales con su sindicato.

Esta sección sindical, ¿sigue las pautas de su dirección de zona o va por libre para hacerle el juego a algunas personas o partidos? ¿Han hablado con sus jefes sobre las escuelas infantiles? Qué tiempos aquellos en los que se necesitaba a IU para los procesos de consolidación de interinos o cuando había que desbloquear algo, porque los del PSOE no lo hacían. Pero ahora todo vale, no hay perdón para los que les hicieron pasar un mes malo, la estrategia está clara y seguramente las consignas de alguno también, pero todo se andará, nos encontraremos en muchos sitios, a cada uno le llegará su San Martin, por si acaso que vayan sacando el manual del peloteo o de combatir el miedo por si viene los de izquierdas del PP. Salud camaradas, compañeros de clase.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como declaración de Bolonia, cambiará radicalmente el concepto de universidad tal y como lo conocemos hoy en día. Para hacerlo realidad se han promulgado una oleada de reformas (nuevos reales decretos, modificaciones de otros, nuevas leyes orgánicas de educación y de universidades, sus posteriores reformas) para adaptar el modelo educativo español al modelo propuesto por la Unión Europea.

Este cambio responde a realidades meramente económicas. Hoy en día hay muchas personas con estudios universitarios (el 26% de los jóvenes entre 25 y 35 años), además, un diplomado o licenciado en el mercado laboral "vale" mucho menos que antes, están cobrando no más de 1000 euros mensuales, sin embargo el costo de formación sigue siendo el mismo. Esto no cuaja con la lógica del mercado, de ahí la necesidad de dar menos formación por más dinero y reducir el número de personas que accedan a dichos estudios.

En teoría, las diplomaturas y licenciaturas serán unificadas en los grados (reducción de la duración anual de algunas carreras y, por tanto, disminuyendo la calidad y aumentando la dificultad de las mismas) y la formación posterior pasará a denominarse postgrados y masters. La realidad es diferente, si se analiza el Real Decreto 55/2005 de Grados y el 56/2006 de Postgrados, que el grado es una simple fábrica barata de mano de obra precaria, vacíos de contenidos formativo y en el que se potencia el aprendizaje sin enseñanza, mientras que el postgrado será muy similar a las actuales diplomaturas y licenciaturas. Otras diferencias estriban en el precio, pues la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades obliga a que los precios de los Grados y Postgrados "estarán relacionados con los costos de la prestación del servicio", lo que deja claro que se reducirá drásticamente la inversión pública y se permitirá (de hecho ya se hace) la financiación privada.

Por otra parte, se introduce el European Credit Tranfer System (ECTS) o crédito europeo. Se establece que "cada año académico constará de 60 ECTS". Actualmente las carreras universitarias tienen una media de 64 créditos, la diferencia se encuentra en la equivalencia de créditos, pues un crédito europeo "equivale a un mínimo de 25 horas y un máximo de 30 horas", varias de ellas de asistencia obligatoria. Es decir, que cada año académico a partir de 2010 tendrá una carga horaria que prácticamente triplicará la actual. Este sistema de créditos europeo "se entenderá referido a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas "(Art. 4 RD 1125/2003). Haciendo cálculos, la "jornada de estudio" equivaldrá a unas 40 horas semanales. Lo cual hará imposible compaginar los estudios con el ocio, la conciliación de la vida personal o el trabajo. DE esta manera, junto a la disminución de becas (se han reducido a la mitad desde 1992 hasta hoy) y la potenciación de los préstamos – renta, se buscará la elitización de las universidades, filtrando mediante la renta a las personas que no podrán acceder a los estudios.

Las consecuencias se están convirtiendo en una realidad. Poco a poco las empresas privadas se han ido introduciendo en las Universidades: Audi financia doctorados en Alemania, Endesa o Telefónica ofrecen Cátedras en la Politécnica de Catalunya, incluso la OMC imparte una Cátedra en al facultas de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Repsol en la Politécnica de Valencia, las salas de informática de nuestras universidades están financiadas por diferentes entidades financieras, los carnés de estudiante pueden funcionar como tarjeta de crédito de entidades bancarias, etc.

Ante esta situación, en Izquierda Unida nos posicionamos en contra del EEES y recordamos que la educación es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y como tal lo reconoce la Constitución Española de 1978. Por lo tanto, entendemos que las empresas no tienen nada que decir acerca de las universidades, no son interlocutores válidos, la educación debe ser una prestación pública al servicio del bien común y nunca supeditado a los intereses privados.

La enseñanza debe estar orientada a formar profesionales, que dispongan de los conocimientos necesarios para que con ellos puedan ir mejorando y adaptándose a las frecuentes innovaciones tecnológicas.

Puesto que entendemos la educación como un bien común de toda la sociedad, los estudios universitarios deberían ir tendiendo a la gratuidad. Si hubiese voluntad política, la gratuidad de la Universidad sería una realidad desde hace años.

Pero, sobre todo, entendemos que una reforma educativa tan importante y que pretende ser vendida como "poner la Universidad al servicio de la sociedad" debe fomentar la participación de la sociedad, en especial del estudiante y del profesor.

Por ello, en Izquierda Unida apoyamos las movilizaciones contra el EEES como parte de la lucha por una educación pública, de calidad y unas políticas de financiación encaminadas a lograr la gratuidad real de la educación a todos los niveles.

“Exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus competencias en educación y que se preocupe en dar soluciones a los problemas de nuestros hijos”

 Observamos con preocupación la delicada situación que atraviesa la educación pública en la Comunidad de Madrid. Diariamente presenciamos el enorme deterioro que está sufriendo la educación en nuestra comunidad, en la que durante los últimos cinco años el gobierno de Esperanza Aguirre ha rebajado el gasto educativo dirigido a los centros públicos, transfiriéndolo descaradamente a los nuevos centros concertados.

La Comunidad de Madrid, a pesar de ser la más `rica´, es la que menos invierte en educación si la comparamos con otras autonomías. Ya es más que habitual las cesiones de suelo público para la construcción de centros educativos privados y concertados, con el único objetivo de cobrar y hacer negocio con la educación. Se favorece a centros que seleccionan a aquellos alumnos que pueden pagar y además separan a los niños de las niñas.

Todo ello forma parte de una estrategia de desprestigio contra la escuela pública. En este contexto, no podemos obviar la grave situación que atraviesa la educación infantil en la región. Existe ya una necesidad imperiosa de crear mejores y nuevas escuelas infantiles que puedan dar solución a miles de familias que carecen de plaza para sus niños de entre 0 y 3 años. Un déficit que conlleva un gasto a las familias de más de 400 € en escuelas infantiles privadas.

Para rizar el rizo, la patética solución que ofrece la Comunidad, poniendo en marcha los últimos decretos de mínimos es que tanto las escuelas infantiles públicas como las guarderías privadas, aumenten el número de niños y niñas por aula, reduciendo el espacio físico para los alumnos y no exigiendo a los centros el poseer una zona de patio o recreo.

Además, fomentan que los cuidadores no tengan la formación y preparación especializada para atender un trabajo de extrema responsabilidad. Más grave es, si cabe, que la Comunidad de Madrid no ofrezca un proyecto educativo global de calidad, ignorando que los primeros años de vida de nuestros hijos e hijas son los más importantes en su educación y que por lo tanto determinarán su formación futura.

Ante esta pasividad notoria del gobierno regional del Partido Popular, los ayuntamientos nos vemos en la tesitura de hacer un esfuerzo para dar solución a la desidia de la Comunidad de Madrid. En Leganés seguimos construyendo escuelas infantiles (este curso mas de 1400 niños y niñas se han quedado sin plaza en este tramo). En esta línea, desde el consistorio leganense ya se ha presupuestado para 2009 la inversión de 1 millón de euros que se destinará a reformas y mejoras de centros escolares (la Comunidad de Madrid apenas invierte 280 mil).

Además, el Ayuntamiento llevará a cabos obras de adecuación en las pistas polideportivas de 9 centros escolares. Seguramente todo esto es insuficiente para paliar la `enfermedad´ que padece la educación pública en nuestra localidad, pero estamos trabajando día a día para que `se cure´ luchando con todas nuestras fuerzas para evitar que nuestra educación pública, esa que tanto esfuerzo nos costó conseguir, sea desmantelada de un plumazo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta Esperanza Aguirre al frente.

Ante tantas y tantas agresiones, el primer paso es la movilización. Seguiremos demandando y exigiendo a la Comunidad que cumpla con sus competencias en educación y que se preocupe en dar soluciones a los problemas de nuestros hijos y los profesionales de la educación y no tanto a las tramas de espías.