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El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como declaración de Bolonia, cambiará radicalmente el concepto de universidad tal y como lo conocemos hoy en día. Para hacerlo realidad se han promulgado una oleada de reformas (nuevos reales decretos, modificaciones de otros, nuevas leyes orgánicas de educación y de universidades, sus posteriores reformas) para adaptar el modelo educativo español al modelo propuesto por la Unión Europea.

Este cambio responde a realidades meramente económicas. Hoy en día hay muchas personas con estudios universitarios (el 26% de los jóvenes entre 25 y 35 años), además, un diplomado o licenciado en el mercado laboral "vale" mucho menos que antes, están cobrando no más de 1000 euros mensuales, sin embargo el costo de formación sigue siendo el mismo. Esto no cuaja con la lógica del mercado, de ahí la necesidad de dar menos formación por más dinero y reducir el número de personas que accedan a dichos estudios.

En teoría, las diplomaturas y licenciaturas serán unificadas en los grados (reducción de la duración anual de algunas carreras y, por tanto, disminuyendo la calidad y aumentando la dificultad de las mismas) y la formación posterior pasará a denominarse postgrados y masters. La realidad es diferente, si se analiza el Real Decreto 55/2005 de Grados y el 56/2006 de Postgrados, que el grado es una simple fábrica barata de mano de obra precaria, vacíos de contenidos formativo y en el que se potencia el aprendizaje sin enseñanza, mientras que el postgrado será muy similar a las actuales diplomaturas y licenciaturas. Otras diferencias estriban en el precio, pues la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades obliga a que los precios de los Grados y Postgrados "estarán relacionados con los costos de la prestación del servicio", lo que deja claro que se reducirá drásticamente la inversión pública y se permitirá (de hecho ya se hace) la financiación privada.

Por otra parte, se introduce el European Credit Tranfer System (ECTS) o crédito europeo. Se establece que "cada año académico constará de 60 ECTS". Actualmente las carreras universitarias tienen una media de 64 créditos, la diferencia se encuentra en la equivalencia de créditos, pues un crédito europeo "equivale a un mínimo de 25 horas y un máximo de 30 horas", varias de ellas de asistencia obligatoria. Es decir, que cada año académico a partir de 2010 tendrá una carga horaria que prácticamente triplicará la actual. Este sistema de créditos europeo "se entenderá referido a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas "(Art. 4 RD 1125/2003). Haciendo cálculos, la "jornada de estudio" equivaldrá a unas 40 horas semanales. Lo cual hará imposible compaginar los estudios con el ocio, la conciliación de la vida personal o el trabajo. DE esta manera, junto a la disminución de becas (se han reducido a la mitad desde 1992 hasta hoy) y la potenciación de los préstamos – renta, se buscará la elitización de las universidades, filtrando mediante la renta a las personas que no podrán acceder a los estudios.

Las consecuencias se están convirtiendo en una realidad. Poco a poco las empresas privadas se han ido introduciendo en las Universidades: Audi financia doctorados en Alemania, Endesa o Telefónica ofrecen Cátedras en la Politécnica de Catalunya, incluso la OMC imparte una Cátedra en al facultas de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Repsol en la Politécnica de Valencia, las salas de informática de nuestras universidades están financiadas por diferentes entidades financieras, los carnés de estudiante pueden funcionar como tarjeta de crédito de entidades bancarias, etc.

Ante esta situación, en Izquierda Unida nos posicionamos en contra del EEES y recordamos que la educación es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas y como tal lo reconoce la Constitución Española de 1978. Por lo tanto, entendemos que las empresas no tienen nada que decir acerca de las universidades, no son interlocutores válidos, la educación debe ser una prestación pública al servicio del bien común y nunca supeditado a los intereses privados.

La enseñanza debe estar orientada a formar profesionales, que dispongan de los conocimientos necesarios para que con ellos puedan ir mejorando y adaptándose a las frecuentes innovaciones tecnológicas.

Puesto que entendemos la educación como un bien común de toda la sociedad, los estudios universitarios deberían ir tendiendo a la gratuidad. Si hubiese voluntad política, la gratuidad de la Universidad sería una realidad desde hace años.

Pero, sobre todo, entendemos que una reforma educativa tan importante y que pretende ser vendida como "poner la Universidad al servicio de la sociedad" debe fomentar la participación de la sociedad, en especial del estudiante y del profesor.

Por ello, en Izquierda Unida apoyamos las movilizaciones contra el EEES como parte de la lucha por una educación pública, de calidad y unas políticas de financiación encaminadas a lograr la gratuidad real de la educación a todos los niveles.

“Exigimos a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus competencias en educación y que se preocupe en dar soluciones a los problemas de nuestros hijos”

 Observamos con preocupación la delicada situación que atraviesa la educación pública en la Comunidad de Madrid. Diariamente presenciamos el enorme deterioro que está sufriendo la educación en nuestra comunidad, en la que durante los últimos cinco años el gobierno de Esperanza Aguirre ha rebajado el gasto educativo dirigido a los centros públicos, transfiriéndolo descaradamente a los nuevos centros concertados.

La Comunidad de Madrid, a pesar de ser la más `rica´, es la que menos invierte en educación si la comparamos con otras autonomías. Ya es más que habitual las cesiones de suelo público para la construcción de centros educativos privados y concertados, con el único objetivo de cobrar y hacer negocio con la educación. Se favorece a centros que seleccionan a aquellos alumnos que pueden pagar y además separan a los niños de las niñas.

Todo ello forma parte de una estrategia de desprestigio contra la escuela pública. En este contexto, no podemos obviar la grave situación que atraviesa la educación infantil en la región. Existe ya una necesidad imperiosa de crear mejores y nuevas escuelas infantiles que puedan dar solución a miles de familias que carecen de plaza para sus niños de entre 0 y 3 años. Un déficit que conlleva un gasto a las familias de más de 400 € en escuelas infantiles privadas.

Para rizar el rizo, la patética solución que ofrece la Comunidad, poniendo en marcha los últimos decretos de mínimos es que tanto las escuelas infantiles públicas como las guarderías privadas, aumenten el número de niños y niñas por aula, reduciendo el espacio físico para los alumnos y no exigiendo a los centros el poseer una zona de patio o recreo.

Además, fomentan que los cuidadores no tengan la formación y preparación especializada para atender un trabajo de extrema responsabilidad. Más grave es, si cabe, que la Comunidad de Madrid no ofrezca un proyecto educativo global de calidad, ignorando que los primeros años de vida de nuestros hijos e hijas son los más importantes en su educación y que por lo tanto determinarán su formación futura.

Ante esta pasividad notoria del gobierno regional del Partido Popular, los ayuntamientos nos vemos en la tesitura de hacer un esfuerzo para dar solución a la desidia de la Comunidad de Madrid. En Leganés seguimos construyendo escuelas infantiles (este curso mas de 1400 niños y niñas se han quedado sin plaza en este tramo). En esta línea, desde el consistorio leganense ya se ha presupuestado para 2009 la inversión de 1 millón de euros que se destinará a reformas y mejoras de centros escolares (la Comunidad de Madrid apenas invierte 280 mil).

Además, el Ayuntamiento llevará a cabos obras de adecuación en las pistas polideportivas de 9 centros escolares. Seguramente todo esto es insuficiente para paliar la `enfermedad´ que padece la educación pública en nuestra localidad, pero estamos trabajando día a día para que `se cure´ luchando con todas nuestras fuerzas para evitar que nuestra educación pública, esa que tanto esfuerzo nos costó conseguir, sea desmantelada de un plumazo por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con su presidenta Esperanza Aguirre al frente.

Ante tantas y tantas agresiones, el primer paso es la movilización. Seguiremos demandando y exigiendo a la Comunidad que cumpla con sus competencias en educación y que se preocupe en dar soluciones a los problemas de nuestros hijos y los profesionales de la educación y no tanto a las tramas de espías.

Los jugadores del Club Deportivo Leganés, acompañados por el concejal de Educación, Alarico Rubio (IU), visitaron el el Instituto "María Zambrano" de Leganés, como parte de su recorrido a los diferentes Centros Educativos para fomentar la asistencia de los más jóvenes a los partidos que el club disputa en el estadio de Butarque.

Impuesta por el consorcio regional de transportes

 El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha decidido reducir entre el 5% y el 7% por ciento el servicio de los autobuses interurbanos en la región, algo que es “inadmisible” para el portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés, Raúl Calle, quien ha manifestado su total desacuerdo y el de su Grupo.
Calle declaró que “esta medida confirma la mala planificación que viene llevando a cabo el Gobierno Regional en la gestión de la red de transporte público en nuestra Comunidad. Lejos de reordenarlo, priorizando la demanda de los ciudadanos, simplemente han realizado grandes inversiones faraónicas bajo ningún criterio técnico ni de necesidad de la población, encerrando un carácter electoralista”.
Izquierda Unida se posiciona con los ciudadanos y ciudadanas, que pagarán las consecuencias de esta política regional sin sentido ya que deteriora el transporte público (tiempos de espera más largos y vehículos más masificados) sin olvidar las sucesivas subidas de tarifas (un 13% en el último año). Pero además, IU Leganés quiere mostrar su apoyo a los y las profesionales del sector, que están siendo despedidos según cumple su contrato. Es ésta una política totalmente contraria a las medidas anticrisis de mayor inversión pública y reforzamiento de los servicios públicos por su positivo impacto en el empleo.
Raúl Calle anunció la presentación en el próximo Pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés de una moción en contra de estas medidas, ya que “el Gobierno de Esperanza Aguirre debería haber escuchado en la Asamblea de Madrid a nuestro partido, cuando le advertimos de las consecuencias nefastas que acarrearía reducir en 103 millones de euros la aportación de la Comunidad al Consorcio”.

Educación pretende acercar el deporte a los alumnos

Los jugadores del Club Deportivo Leganés han comenzado a visitar distintos centros educativos de la ciudad para fomentar la asistencia de los más jóvenes a los partidos que el club disputa en el estadio de Butarque.

El primero de estos encuentros tuvo lugar la pasada semana en el IES José de Churriguera y contó con la participación de varios jugadores de la primera plantilla del "Lega", que estuvieron acompañados por el concejal de Educación, Alarico Rubio (IU). Más de 100 alumnos del centro participaron en el acto y tuvieron la oportunidad de charlar y preguntar a los jugadores sobre distintos aspectos de su deporte y el club.
Por su parte, Alarico Rubio declaró que es intención de la Delegación de Educación "que los alumnos de Leganés se involucren y apoyen al club, porque creemos que deporte y educación deben ir de la mano en la formación de los ciudadanos del futuro". Destacó también "la entrega de todos los componentes de la primera plantilla de la entidad leganense y cómo han sido un ejemplo de profesionalidad durante los últimos meses", con la grave situación económica que han padecido. Para acabar el acto, los jugadores repartieron entradas entre los alumnos y el concejal animó a todos a "acudir al estadio para apoyar al Lega". Responsables de la concejalía y el club han declarado su intención de repetir estos actos todas las semanas que el Leganés juegue como local.

En el Plan Parcial PP-5 Poza del Agua
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado hoy la aportación a la empresa municipal EMSULE de doce parcelas de uso residencial destinadas a la construcción de vivienda pública. En este suelo, ubicado en el Plan Parcial PP-5 "Poza del Agua", se levantarán más de mil viviendas protegidas destinadas a jóvenes y familias de Leganés.
La Delegación de Urbanismo e Industrias ha realizado ya todos los trámites para que el Pleno apruebe hoy la aportación y comiencen los estudios previos a las obras, como la elección de arquitectos y selección de proyectos.
El concejal de urbanismo, Raúl Calle, ha señalado que "el equipo de gobierno sigue cumpliendo sus compromisos con los vecinos de Leganés. Hoy damos un nuevo paso para que más de mil familias de Leganés puedan optar a una vivienda de protección pública".
Desde Izquierda Unida, su consejo político ha aplaudido esta iniciativa, "lamentando que Partido Popular y ULEG no hayan apoyado en el Pleno municipal algo tan positivo para los jóvenes de Leganés".
Urbanismo sigue trabajando además en la concesión de subvenciones y ayudas a comunidades de vecinos para la eliminación de barreras arquitectónicas como la instalación de rampas, ascensores, y renovación de fachadas y tejados.

Además, el centro universitario formará a empleados municipales

El Ayuntamiento de Leganés firmará un convenio con la Universidad Carlos III para elaborar un mapa municipal de instalaciones de antenas de telefonía móvil en la ciudad. El acuerdo recogerá las mediciones de las emisiones de estas antenas y establece apoyo técnico y colaboración científica por parte de la Universidad con el consistorio.
El objetivo es ordenar, ubicar y racionalizar con criterios técnicos y urbanísticos la implantación de estas infraestructuras e incrementar aún más el nivel de protección para la salud de los vecinos de Leganés, teniendo en cuenta diversos parámetros para el estudio. Todo ello previo a la nueva ordenanza reguladora (actualmente existe la moratoria de un año) que establecerá la concesión de nuevas licencias.
Dada la experiencia y solvencia técnica, jurídica y científica que atesora la Universidad Carlos III de Madrid en desarrollos similares, serán dos catedráticos de este centro quienes coordinen los trabajos apoyados por el Instituto Pascual Madoz.
Además, los profesionales docentes de la Carlos III se encargarán de la formación del personal municipal en esta materia, impartiendo dos masteres de política territorial y gestión medioambiental. La delegación de Urbanismo e Industrias del Ayuntamiento de Leganés ha elaborado ya el documento que firmarán los responsables del consistorio y la Universidad y que fue aprobado ayer por la Junta de gobierno local.

Obra donada al Ayuntamiento

Desde esta semana, quien visite el Centro Cultural José Saramago podrá disfrutar de la obra "Mujer Tendida" de José Espinós, donada a este Ayuntamiento por Pedro Gómez. Fundida en bronce en 2007 de un original en hierro, la escultura ha sido instalada en la entrada al Centro por el área artística de la Delegación de Cultura.
De Espinós destaca su gran labor como "hierrista". Siendo considerado como un excelente cincelador y forjador, es estimado comúnmente como artesano magistral. Se empleó con insistencia en las artes aplicadas y en los encargos oficiales, muestra de ello son la Verja y Relieves de Cuelgamuros, Alegorías musicales del Teatro Real, los Ángeles cantores en la tumba de Argenta, en la Almudena, o el Monumento al Montañero, en la sierra de Madrid, entre otros.

En palabras de José Castejón (IU), concejal de cultura, "hay que agradecer iniciativas como la de Pedro Gómez, que con su donación ha contribuido a aumentar el patrimonio escultórico de nuestra ciudad". Este gesto, añade Castejón, "refleja la relevancia que nuestra ciudad tiene en materia escultórica a nivel nacional".

Amat: “Es un derecho de las personas discapacitadas”

En un acto organizado por la Asociación de Vecinos "Barrio Centro" de Leganés, la diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Pepa Amat, reclamó la urgente e imperiosa necesidad de que la Comunidad de Madrid desarrolle la Ley de Dependencia "por ser un derecho que tienen todas las personas discapacitadas" Amat comentó que "el gobierno del PP está llevando a cabo una atención meramente asistencial, dejando en manos privadas la gestión de los centros de discapacitados, lo que está generando una pérdida en la calidad del servicio y un detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector".

La diputada resaltó la poca coordinación que existe entre la administración central y la autonómica en un asunto en la que muchos madrileños y madrileñas están esperando una contestación, tanto en las reclamaciones y solicitudes interpuestas como en la falta de información sobre los contenidos de la propia Ley, que las Administraciones tienen que garantizar. "Es imprescindible –señaló Amat-, una mayor implicación de la red pública, que garantice la calidad de los servicios que se están ofertando y una ampliación de los mismos".